El Gobierno nacional confirmó que apelará el reciente fallo del CIADI que obliga a la Argentina a pagar US$716 millones a la empresa AES Corporation, en el marco de una disputa originada por la pesificación de contratos de la represa hidroeléctrica de Alicurá tras la salida de la convertibilidad. La Procuración del Tesoro, liderada por Santiago Castro Videla, analiza pedir la anulación del laudo arbitral, estrategia habitual en juicios internacionales para dilatar los pagos y abrir nuevas instancias de negociación.
El pedido de anulación ante el CIADI debe realizarse en un plazo de 120 días desde el fallo (emitido el 31 de mayo), por lo que Nación tiene margen hasta fines de septiembre. Si el tribunal acepta abrir esa etapa, se suspende momentáneamente la ejecución del fallo y se convoca a una nueva comisión arbitral. Los argumentos que puede presentar el Estado incluyen vicios en el procedimiento, extralimitación del tribunal o irregularidades en la conformación del panel.
Este nuevo revés judicial se suma a otras condenas recientes contra la Argentina, como el caso YPF, que implica el pago de US$16.100 millones, el fallo a favor de Webuild por US$147 millones y el juicio por el “Cupón PBI” que le costaría al país US$1500 millones más intereses. En todos los casos, el oficialismo sostiene una misma postura: no hay fondos para pagar ni se asumirán nuevas deudas, por lo que buscarán frenar o renegociar cada sentencia.