La jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, denegó el pedido de Argentina para suspender la orden que exige transferir el 51 % de las acciones estatales de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, beneficiarios del fallo por la expropiación de 2012 . Aunque la Argentina ya apeló ante la Corte de Apelaciones y cuenta con un plazo de tres días adicionales, la resolución de Preska plantea que la ejecución del fallo podría avanzar mientras se tramita el recurso .
Este nuevo revés judicial se produce en un contexto de fuerte presión económica: el valor del dólar oficial se disparó, llegando a rozar los $1.300, asociado a la inestabilidad derivada del caso YPF, las recientes leyes de ajuste fiscal y la incertidumbre por futuras sanciones . En simultáneo, el Gobierno aprobó una apelación inmediata ante el Segundo Circuito y estudia, además, recurrir a la Corte Suprema de EE. UU. como última instancia .
El fallo de Preska confirma que, pese a la apelación, existe riesgo real de que la entrega de acciones avance sin autorización del Congreso, lo que según la defensa argentina violaría la ley nacional de expropiación . El avance del juicio presiona no solo en lo económico, sino también en la gestión del Estado frente a fondos litigantes, y coloca en una posición crítica la estrategia de defensa del Gobierno frente a la amenaza de desacato y consecuencias diplomáticas.