El diputado nacional José Luis Espert fue imputado por presunto lavado de dinero a raíz de una investigación promovida por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. La investigación surge de una denuncia presentada por el candidato a diputado Juan Grabois, la cual se centra en un pago de 200.000 dólares que Espert recibió en 2020 de Federico “Fred” Machado. Machado es un empresario que actualmente es reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por graves cargos, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y estafa, por lo que la denuncia busca determinar si el movimiento de fondos hacia Espert se enmarca en una maniobra de blanqueo de activos.
La denuncia de Grabois sostiene que Espert percibió el dinero de una “banda criminal” ligada a estructuras mafiosas de narcotráfico, basándose en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas. La cifra de los 200.000 dólares figura en un supuesto “libro contable secreto” de Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, que fue condenada en EE. UU. por narcotráfico y lavado de dinero. El medio La Nación confirmó la existencia de esta transferencia, que aparece en documentación del Bank of America incorporada como evidencia en el juicio de Texas. La transferencia, fechada el 22 de enero de 2020, también figura con el código N28FM junto al nombre de Espert, que coincide con la matrícula del avión privado que Machado le había prestado al diputado para su campaña presidencial de 2019.
Este desarrollo judicial se da en paralelo a la situación legal de Machado, cuya extradición a Estados Unidos fue habilitada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. El empresario, que se encuentra con prisión domiciliaria en Viedma, espera la decisión final del presidente Javier Milei para ser trasladado a Texas, donde se enfrentará a los cargos. La documentación que compromete a Espert forma parte del expediente criminal conocido como “USA v. Mercer-Erwin et al.”, en el cual la socia de Machado fue hallada culpable de varios cargos, reforzando el contexto criminal en el que se enmarca el polémico pago al diputado.