El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, solicitó a la Corte Suprema que el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados sean declarados culpables de delitos contra el orden democrático. Aunque no planteó una pena concreta, las condenas podrían alcanzar hasta 40 años de prisión. El pedido se presentó ante la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, en el marco de la fase final del juicio que investiga los hechos posteriores a las elecciones de 2022.
Gonet sostuvo que las pruebas recabadas, incluidos los testimonios de 52 testigos, confirman la existencia de una “organización criminal” con el propósito de desconocer el resultado electoral y frenar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Según el fiscal, Bolsonaro y sus colaboradores más cercanos, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas y de organismos de inteligencia, desarrollaron un plan sistemático para socavar la confianza en las instituciones democráticas y promover un “proyecto autoritario de poder”.
En la apertura de la fase final, el juez Alexandre de Moraes coincidió en que los acusados intentaron instaurar una dictadura mediante un ataque directo a las instituciones. Mientras tanto, la defensa de Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro y colaborador judicial, defendió su testimonio como clave para revelar detalles de la trama. El expresidente, de 70 años, no estuvo presente en la audiencia debido a problemas de salud. El juicio continuará los próximos días y podría concluir con una sentencia histórica para la política brasileña.